La puñalada de la justicia al periodismo
Lo que le ha pasado Carlos Quisbert, va mucho más allá de los terribles momentos que el colega se ha visto obligado a vivir. Las largas horas en las que lo mantuvieron incomunicado, la imposibilidad de comunicarse con su familia, el ser violado en su derecho a la defensa, y las noches en la cárcel de San Pedro, en las que no pegó un ojo, víctima del temor por su vida y de la impotencia no conforman todo el negro panorama. Seríamos ciegos si no vemos que detrás de esa detención está la peor puñalada en contra de la libertad de prensa que ha sufrido un periodista en la historia de este país de parte de la justicia.
El ataque que sufrió este periodista marca definitivamente un antes y un después. Ahora resulta que para algunos señores fiscales y jueces, hacer periodismo es un delito. Y, quien lo hace, ojo, corre el riesgo de correr la misma suerte: Ser detenido, violado en los derechos fundamentales de cualquier persona en el Estado Plurinacional de Bolivia y ser encerrado sin compasión.
El mensaje quedó claro. Periodistas, dedíquense a informar lo mínimo necesario, y ni se les ocurra investigar a fondo temas que puedan complicar a los poderosos porque recibirán su merecido. ¿Qué pasará de ahora en adelante por la mente de los periodistas que tienen familia, de los editores, y jefes de las redacciones en el momento de plantear un tema de investigación? Sin duda, la sombra de la autocensura se convertirá en un obstáculo más complicado de saltar.
Un gran instrumento para el periodismo de investigación ha sido en distintos países la promulgación de leyes de acceso a la información pública. México, Uruguay y Chile son tres buenos ejemplos de ello. El periodista o cualquier ciudadano, tiene la posibilidad de enviar una solicitud de información a cualquier entidad estatal, y ésta tiene la obligación de responder y brindar los datos solicitados en un plazo de 15 a 20 días, siempre y cuando no considere que esa información pone en riesgo la seguridad del Estado.
El tema va más allá, los países mencionados han creado instituciones autárquicas, independientes de la línea gubernamental, al que el periodista o ciudadano puede recurrir si es que la respuesta o negativa de la entidad pública no le satisface. Esa institución revisa el trámite y luego actúa como árbitro, ratifica la decisión u obliga a la entidad a abrir la información.
Un proyecto de ley de acceso a la información está archivado en la Asamblea Legislativa, y mejor que siga durmiendo, porque esa propuesta pone al Ministerio de Transparencia como el árbitro “bombero” de las solicitudes. Esa fue la principal observación que presentaron distintas organizaciones de la prensa, cuando se intentó abrir el debate sobre el documento.
La realidad es muy lejana. En Bolivia hacer periodismo es cada vez más difícil, porque las fuentes oficiales van en camino opuesto y se esfuerzan por cerrar las puertas de la información. Callan cuando se busca la contraparte, y muchas veces logran que ese silencio se convierta en el mejor instrumento para que los temas incómodos se diluyan.
Los periodistas tienen dos caminos, dejarse llevar con ese letargo al que los quieren llevar las fuentes oficiales, o perseverar con la investigación de los temas. Las y los que se animen, tienen que darse modos para conseguir testimonios y documentos, pese a los peligros, pero por culpa de las autoridades. Y, al final, queda claro que enfrentar los riesgos, como lo hizo Carlos Quisbert implica enfrentarse a una realidad, el castigo que merece un delincuente.
