Pronunciamiento Defensorial respecto al levantamiento de la intangibilidad del TIPNIS

Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo en relación al levantamiento de la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, expresa lo siguiente:

En coherencia con el pronunciamiento emitido el año 2011, la Defensoría del Pueblo manifiesta que en toda medida de orden administrativa o legislativa susceptible de afectación a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, debe ser consultada de manera libre e informada.

Los Numerales 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Parágrafo II del Artículo 30 de la Constitución establece: “II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 4. A la libre determinación y territorialidad. 8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales. 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

Es menester observar el Numeral 21 del Parágrafo I del Artículo 304 de la Constitución: “I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas: 21. Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten.

Como señaló el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 2056/2012, de 16 de octubre: “La consulta, como derecho colectivo de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, es un instrumento a través del cual los pueblos indígenas participan de la toma de decisiones sobre cuestiones que les pudiesen afectar (…) y, al mismo tiempo, en un mecanismo de ejercicio de la democracia directa y participativa y principio de gobierno”.

En ese mismo orden, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 300/2012, dijo que la obligación de consultar no desaparece en proyectos en desarrollo ya que: “(…) la propia jurisprudencia internacional apoya tal posición en mérito a que la consulta debe ser necesariamente implementada, aun en el supuesto de que los proyectos estén en pleno desarrollo (…)”.

En ese cometido se promulgó la Ley N° 222, de 10 de febrero de 2012, mediante la cual se convocó al proceso de consulta libre e informada a los pueblos indígenas del TIPNIS, en el ámbito de las 69 comunidades indígena originario campesinas Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés, que habitan el lugar en su doble categoría de Territorio Indígena y Área Protegida, respetando sus normas y procedimientos propios, lo que hace a su legitimidad. Ese proceso abordó 4 ejes: a) Consulta sobre las prioridades con relación a la visión de desarrollo de las comunidades consultadas en el TIPNIS; b) Consulta sobre la vigencia de la Ley N° 180, de 24 de octubre de 2011, de protección del TIPNIS; c) Consulta sobre las medidas de protección y salvaguardas a ser adoptadas para el TIPNIS; d) Consulta sobre las necesidades de transporte de las comunidades del TIPNIS y las medidas y condiciones necesarias para el diseño y construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. El proceso de consulta fue llevado a cabo por: el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; el Ministerio de Medio Ambiente y Agua; con la participación de facilitadores indígenas y comunitarios, instituciones nacionales como el Tribunal Supremo Electoral, contando con la veeduría de instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, entre otros, que le confieren validez legal.

Entre los principales resultados del proceso de consulta a las 69 comunidades del TIPNIS se tiene: 58 comunidades (el 84%) aceptaron la Consulta y 11 (el 16%) decidieron no ejercer este derecho; 57 comunidades (el 82%) pidieron derogar la Ley N° 180; 55 comunidades (el 80%) dijeron sí a la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos – Villa Tunari, y 3 comunidades (el 4%) rechazaron la carretera.

A partir de lo señalado, se debe considerar lo establecido por el Artículo 10 de la Ley N° 222, de 10 de febrero de 2012: “Los acuerdos logrados en el proceso de Consulta son de cumplimiento obligatorio para el Estado Plurinacional y los pueblos indígena originario campesinos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré”.

El levantamiento de la intangibilidad del TIPNIS responde al proceso de consulta a los pueblos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré y sus 69 comunidades, en el marco de sus usos y procedimientos propios, siendo los únicos sujetos de la consulta en virtud de su competencia exclusiva conforme a la Constitución, la libre determinación, el autogobierno y la autonomía indígena y la capacidad de decidir el sistema y su visión de desarrollo.

La mayoría de las comunidades del TIPNIS han expresado sus necesidades de acceso a caminos vecinales, viviendas, servicios básicos, salud equipamiento y construcción educativa (infraestructura para internados, bibliotecas, unidades educativas, viviendas  para docentes), entre otros.

El 7 de agosto de 2017, la representación de la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), ha manifestado: “(...) hay temas de salud por los cuales tiene que haber camino, no puede haber gente viviendo a 7 días de caminata o de lancha de los centros de salud, es imposible hacer centros de salud en lugares tan alejados". Dicho pronunciamiento debe tener la misma coherencia con el goce y ejercicio de otros derechos de los pueblos pueblos indígena originario campesinos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré.

Es necesario aclarar que las comunidades indígena originario campesinas Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés, que habitan el TIPNIS, no son naciones y pueblos indígena originarios en situación de no contacto o aislamiento voluntario, como es el caso de los Toromonas o los Ayoreos, entre otros; los cuales han asumido como estrategia de sobrevivencia fisica y cultural la discontinuidad de relaciones sostenidas con la poblacion mayoritaria. La mayoría de las comunidades del TIPNIS exigen, tienen y ejercen el derecho a la participación y el desarrollo con identidad en sus comunidades.

Desconocer el marco normativo, jurisprudencial e histórico de este proceso de decisión de las comunidades del TIPNIS, violaría los derechos sus habitantes a través de la postergación, dejándolos en el oprobio.

Opiniones con discurso ambientalista cuestionan el levantamiento de la intangibilidad del TIPNIS, inobservando la realidad, las necesidades, la decisión y libre determinación de quienes lo habitan, así como el proceso llevado a cabo, sin considerar que están negando el ejercicio del derecho a la consulta que les es exclusivo en respeto a su visión de desarrollo y gestión territorial, sobre la cual no puede imponerse otra visión que implique someterlos y privarlos del acceso a la salud, a la educación, a medios de comunicación, al uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en su territorio.

Defensoría del pueblo